Sexenio de EPN ha dejado los DH como algo secundario: CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que aunque en el discurso, tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como todos los representantes de las instituciones federales han asumido a los derechos humanos como una prioridad, las deficiencias y demoras en atención han permitido corroborar que, “en la práctica, su materialización efectiva los sigue dejando relegados como si fueran algo secundario”.
Así lo manifestó ante el propio ejecutivo federal el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, durante la rendición del Informe anual 2017 del organismo en el cual destacó que, en lo que va del sexenio, más de un millón 257 mil personas han acudido al organismo para solicitar intervención o asesoría por agravios de abuso de poder, registrando 274 expedientes de queja calificada con tortura; 5 mil 86 por detención arbitraria; 195 por privación de la vida; 11 por ejecución sumaria; y 89 por desaparición forzada o arbitraria; números que en cifras reales, deben ser mayores.
Enfatizó que debido a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que ha caracterizado su investigación, los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingan, Tlataya, Nochistlán son los que marcaron este sexenio, evidenciando el momento critico que se vive en México.
“El dolor y sufrimiento derivado de miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugar de origen por la inseguridad o que han sido victimas de algún delito, es algo que no se puede cuantificar ni reparar, son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante este periodo”, subrayó en su discurso.
En su “última oportunidad” de presentar un informe ante Peña Nieto, González Pérez advirtió que el modelo de la Procuraduría General de la República “está agotado” y que es indispensable avanzar en las reformas en el ámbito de procuración de justicia para garantizar “la autonomía, eficiencia e imparcialidad en la procuración de justicia”, además de referir que el “uso de la fuerza, por legítimo que sea, deba ser la única respuesta del estado ante la violencia y la inseguridad”.
“Nuestro país requiere seguridad pero no a cualquier costo ni a cualquier medio. Nuestro país requiere seguridad, pero la que necesitamos es la que corresponde a un estado democrático de derecho sustentada en el más amplio respeto de derechos humanos, así como en cumplimiento de la ley”.
